Tras la reunión con los representantes del Gobierno nacional, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió este jueves profundizar su plan de lucha y convocar a un nuevo paro general, el segundo bajo el mandato de Javier Milei. El paro se realizará el próximo jueves 9 de mayo, fecha que se definió esta tarde durante la reunión del Consejo Directivo en la sede histórica de la calle Azopardo.

En el día de ayer, los líderes de la CGT asistieron a la Casa Rosada para conversar por más de dos horas con el jefe de gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Los secretarios generales de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio); el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y los nueve miembros del consejo ejecutivo de la CGT se retiraron del encuentro bajo un gran hermetismo y sin emitir declaraciones públicas al respecto de la posibilidad de convocar o no una medida de fuerza en todo el país.

La central obrera estaba dividida en dos posiciones. Una pregonaba la necesidad de llamar a un paro de manera urgente, como es el caso de Sergio Palazzo (Bancarios), Pablo Moyano (Camioneros) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), que llamaron a realizarlo la semana que viene; y un sector más dialoguista (los "Gordos", UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias) con el Gobierno había propuesto hacerlo de manera posterior al 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador. En la previa al encuentro de ayer, esta era la posición mayoritaria.

Quienes formaron parte de la cumbre entre la CGT y el Ejecutivo dicen que el paro nacional fue uno de los aspectos que menos se abarcaron. Los jefes sindicales deseaban conocer cómo continuaría el Gobierno al respecto de la homologación de paritarias (Camioneros todavía no pudo ratificar el pacto con las cámaras por tener un acuerdo por encima de la pauta inflacionaria) y las perspectivas del programa económico

Aunque las partes marcan que el diálogo fue fructífero y que el Gobierno buscó retomar los diálogos luego de meses sin aportar mediadores, el punto de quiebre fue la ratificación de que la Secretaría de Trabajo (con la venia del Ministerio de Economía) seguirá sin homologar acuerdos por arriba de la inflación.

Asimismo, durante la reunión uno de los temas centrales que se abordó es el proyecto de reforma laboral que está elaborando un grupo de diputados de la UCR a pedido del Gobierno nacional. Según se supo, desde Nación están esperando que el jefe de bloque radical Rodrigo de Loredo envíe el articulado con las modificaciones. "Cuando llegue el Ejecutivo hará una devolución y se hará una versión común", dijeron en Balcarce 50.

El Gobierno anotició a los gremios del detalle fino de este proyecto. Esta nueva versión no tendrá la quita de las cuotas solidarias y tampoco hará modificaciones sobre la ultraactividad de los convenios. La incertidumbre pesaba sobre la modificación o no de las multas por irregularidad en contrataciones, algo que debía ser dirimido por los propios diputados radicales. 

Los funcionarios libertarios consideran que una proporción importante de las autoridades de la CGT ven necesaria una reforma de la legislación laboral. Así lo expresaron en diversas declaraciones importantes referentes como Daer y Andrés Rodríguez. El líder camionero Pablo Moyano es quien lidera la posición contraria, que es acompañada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. En Casa Rosada dicen que la CGT va a acompañar la reforma laboral.

Días atrás, al hablar de la movilización general del 1° de mayo por el Día Internacional del Trabajador, que sigue en pie más allá del paro, Héctor Daer reconocía la posibilidad de que se concretaran más medidas de fuerza.

"Es una decisión que va a terminar de confirmar el consejo directivo de la CGT el 11 de abril. En base al proyecto que se va a tratar el Congreso y a algunas otras circunstancias, vamos a tomar una medida que seguramente no va a ser la única", había adelantado el sindicalista. "Vamos a acompañar las medidas que lleve adelante la comunidad universitaria, y cuando tengamos el proyecto de ley que emita el Poder Ejecutivo, lo vamos a evaluar y a tomar una decisión final", agregó por aquel entonces.