Sus funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas, que amplía su campo de acción para incluir temas de integración socio-urbana e infraestructura habitacional. Esta decisión implica una reorganización del personal que hasta ahora se desempeñaba en el área eliminada, quedando sujeto a un proceso de reasignación o, en algunos casos, desvinculación conforme a la normativa vigente.

La Subsecretaría de Integración Sociourbana, foco de múltiples polémicas por la gestión del fondo fiduciario de integración socio urbana (FISU) -gestión por la cual fue denunciado Juan Grabois-, que actualmente depende de la Secretaría de Obras Públicas, no fue eliminada, pero se modificaron sus objetivos.

El nuevo organigrama del Ministerio de Economía también establece la creación de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que contará con subsecretarías enfocadas en distintas áreas de la matriz energética, incluyendo energía eléctrica, combustibles líquidos y gaseosos, así como transición y planeamiento energético. En el ámbito productivo, la Secretaría de Industria y Comercio concentrará las áreas de política industrial, comercio exterior y defensa del consumidor, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y la inserción de Argentina en los mercados internacionales.

Otro de los ejes de la reforma es la reorganización de la Secretaría de Transporte, que ahora se estructura en subsecretarías dedicadas al transporte automotor, ferroviario y aéreo, buscando mejorar la coordinación y regulación de estos sectores estratégicos. Asimismo, la Secretaría de Hacienda mantiene su función central en la gestión de los recursos del Estado, con subsecretarías de Presupuesto, Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal Provincial, con el objetivo de fortalecer la relación financiera entre la Nación y las provincias.

En el plano de la inversión pública, la Secretaría de Obras Públicas amplía su rol y suma funciones que antes pertenecían a otras áreas, con un énfasis particular en la integración socio-urbana. De acuerdo con el texto del decreto, se encargará de formular y ejecutar políticas en materia de infraestructura habitacional, regularización del suelo y desarrollo territorial, además de gestionar obras de infraestructura vinculadas al espacio público. También tendrá la responsabilidad de relevar suelos vacantes para la planificación urbana, en articulación con organismos nacionales y provinciales.

En otro de los artículos, el Gobierno introdujo un cambio administrativo y eliminó dentro de las atribuciones de la Secretaría de Obras Públicas el control del Enohsa, organismo encargado de ejecutar obras de acceso al agua potable que ya había sido disuelto en noviembre de 2024. A principios de octubre, el titular del Palacio de Hacienda había adelantado que, como parte del plan “motosierra” del presidente Javier Milei, tenían previsto ponerle fin “a ese antro de corrupción”.

Uno de los cambios más trascendentales del decreto es la supresión de la Decisión Administrativa 996/2020, que había estructurado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat durante el gobierno anterior.

Desde el oficialismo, la medida es presentada como una estrategia para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado y reducir el gasto en estructuras administrativas consideradas innecesarias. Fuentes cercanas al Ministerio de Economía aseguran que estos cambios permitirán una mejor coordinación de políticas económicas y una optimización en la utilización de los recursos.