La comunidad educativa saldrá masivamente a las calles por segunda vez en el año, esta vez en rechazo del veto al financiamiento universitario. Habrá marchas en todo el país.
La Ley que fue aprobada por el Senado el pasado 12 de septiembre establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estimándose para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Luego de que el presidente Javier Milei anticipara que vetará la Ley, las universidades comenzaron a delinear una nueva marcha federal, tal como ocurrió el pasado 23 de abril. Por eso, se espera una gran concentración de personas a partir de las 17. Convocaron a manifestarse rectores, docentes y no docentes, estudiantes, gremios, organismos sociales y de derechos humanos y legisladores, que intentarán revertir el veto juntando los dos tercios de los votos en ambas cámaras.
¿Quiénes convocan y a qué hora?
La convocatoria la definió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Tras una reunión el pasado 24 de septiembre, los recortes de universidades nacional de todo el país manifestaron su preocupación por el contexto cada vez más difícil, la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que “ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario”.
Asimismo, llamaron a la marcha federal universitaria diputados y senadores de la oposición y rechazaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Entre ellos, estuvieron presentes legisladores de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el PRO.
La confirmación del veto
A pocas horas del comienzo de la marcha, ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei vetará la Ley de Financiamiento Universitario. Según el portavoz, el gobierno “no está en contra del reclamo” sino de que “el Congreso sancione leyes que no tengan partida asignada, que no puedan financiarse”. En ese sentido, agregó: “Por eso todos los legisladores tiene que fundamentar de dónde sacan el dinero para los aumentos que proponen”.
Adorni aclaró que en el Ministerio de Seguridad “no hay ningún operativo especial" porque entienden que la marcha va a ser "genuina y en paz”, pero advirtió: “Esperemos que no esté manchada por algunos personajes del tren fantasma como ocurrió en la marcha anterior”.
Sobre el reclamo salarial de los universitarios, Adorni consideró que el Ministerio de Capital Humano “hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y no docentes”. De acuerdo al vocero, “se ofreció un incremento salarial del 6.8% por encima de la inflación y se ancló el salario de los docentes con la administración pública para que cobren en tiempo y forma”.
Qué costo fiscal implicaría para este año la Ley de Financiamiento Universitario
La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La ley aprobada también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
En la ley se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
