El Gobierno de Venezuela, a través de su fiscal general, Tarek William Saab, pedirá la detención del presidente argentino, Javier Milei, por la causa que considera como “robo” de un avión venezolano-itaní. Además solicitó la captura de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El fiscal general del Gobierno de Nicolás Maduro dijo que el ministerio público designó a dos fiscales especializados que “se encuentran tramitando la orden de aprehensión” contra los hermanos Javier y Karina Milei y Patricia Bullrich. “Una burla para la justicia argentina”, afirmó.
Según afirmó Saab, la causa fue abierta por “una averiguación” por el “robo” del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y que fue enviado a Estados Unidos en febrero.
El anuncio de la fiscalía chavista se da luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán el martes a la Cámara Federal de Buenos Aires que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello.
El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.
También denunciarán a Milei por crímenes de lesa humanidad
En ese contexto, el fiscal venezolan, Saab, dijo que imputará los delitos “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”, a los funcionarios argentinos.
A su vez anunció igualmente la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno de Milei, que calificó de “genocidio”.
”Hemos decidido designar un fiscal especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes” contra Milei y Bullrich, señaló.
”Deberán responder ante la justicia. Un Estado puede ejercer la jurisdicción universal”, indicó Saab. Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, impulsada tras excesos en las manifestaciones opositoras de 2017, que dejaron más de un centenar de muertos. El gobierno de Maduro rechaza ese proceso.
