El mismo perfil de víctimas: jóvenes privados de su libertad con problemas de adicciones, con familias carenciadas imposibilitadas de visitarlos y acercarles alimentos o medicación. Desde el área de Sanidad del complejo penitenciario de Batán de la que estaba a cargo, el radiólogo Juan Carlos Salas tenía acceso a sus legajos personales e informes psicológicos. Con sus vulnerabilidades a la vista, los elegía. Les ofrecía pastillas, droga y dinero. Y abusaba de ellos. Lo hizo hasta que fue detenido un mes atrás. Para la fiscal que investiga el caso, quien pidió su prisión preventiva en las últimas horas, lo que ocurría “era un secreto a voces” dentro de la cárcel.

Salas, de 48 años, está acusado de abusar de al menos dos presos, de 23 y 28 años, quienes llevaban adelante tratamientos para sus adicciones dentro del penal ubicado 15 kilómetros al oeste de Mar del Plata. Fue imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”. 

Por el caso fueron imputadas además dos autoridades del complejo, acusadas de encubrimiento por no dar curso a distintos informes presentados desde 2022 con denuncias por el comportamiento del acusado.

La causa, a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, se inició luego de que una de las víctimas, quien cumple condena en la Unidad Penal 15 (UP 15), solicitara una audiencia ante el Juzgado de Ejecución 1, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, tras una inspección de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como mecanismo local de prevención de la tortura.

El detenido relató ante el magistrado responsable del seguimiento de su pena que había sido víctima de abuso por parte del acusado, jefe de Sanidad de las UP 15, 44 y 50 que funcionan dentro del complejo, con una población carcelaria de más de 2.300 internos e internas. A partir de este testimonio, el juez radicó una denuncia ante la UFI 1. La CPM hizo lo propio, en su caso ante la Fiscalía de Estupefacientes, pero ambas causas se unificaron luego.

En su presentación, la CPM indicó que se trataba de un “accionar rutinario y sistemático” por parte del radiólogo, “consistente en provocar un hostigamiento, abuso sexual y suministro de forma ilegal de medicación a personas en tratamiento y privadas de la libertad”. Para la fiscal, dentro del penal “estaba naturalizado” que Salas entregaba drogas a las víctimas a cambio de “favores sexuales”.

En la investigación declararon casi veinte testigos, entre internos, ex detenidos, ex trabajadores del complejo penitenciario y profesionales que se desempeñaron junto al acusado dentro y fuera de la unidad, indicaron fuentes judiciales.

En línea con el testimonio de las víctimas, testigos relataron que oían “gemidos” en una dependencia del área de Sanidad, donde funcionó tiempo atrás una sala de radiología, luego de que el acusado ingresara al lugar con algún detenido. 

Un ex preso declaró por su parte en la causa que familiares de detenidos le entregaban a Salas cocaína en una clínica privada en la que trabajaba en el centro de la ciudad, y él la ingresaba presuntamente dentro de paquetes de yerba Andresito. 

En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del sector de sanidad del complejo penitenciario, y se secuestraron preservativos usados, cajas de condones vacías y geles íntimos. También se secuestró documentación, y un celular del acusado, que será peritado para analizar su contenido. A partir de distintos testimonios, los investigadores establecieron que Salas tenía otro teléfono alternativo, que no pudo ser localizado.

La fiscalía obtuvo además el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del acusado, y detectó trasferencias de dinero de su parte a allegados y parientes de las víctimas y de otros presos. “Hay cantidad de transferencias a familiares de internos. Eso nos va a permitir precisar si hubo más víctimas. No hay ninguna razón que justifique esos movimientos bancarios de Salas a familiares de detenidos”, dijo la fiscal.

EDA