Hay dos documentos que se convierten en el corazón de un proyecto de privatización: las condiciones generales y particulares de una licitación. Allí se establece todo: qué se vende, qué obligaciones tiene cada parte, cuál es el precio y el plazo, y quiénes pueden participar, entre miles de cláusulas. El Gobierno ya puso a disposición el de la Hidrovía para los interesados que quieran mantener navegable el río Paraná por 30 años. De las 3610 páginas que componen el llamado, hay una que podría desatar la ira de un gigante mundial por una simple razón: las empresas de China han quedado fuera de la competencia.

El corazón de semejante decisión oficial es el artículo 16 de la reglamentación. Allí, en la página 12 de las 1919 que componen las condiciones generales, se puede leer la decisión. Son unas pocas palabras que cruzaron como dardo Buenos Aires e impactaron directamente en el barrio de Saavedra, puntualmente en la avenida Crisólogo Larralde, donde se ubica la embajada de China en la Argentina.

El texto es simple: “Artículo 16°. Personas no habilitadas para contratar”. Inmediatamente después, empieza con los que serán excluidos de la posibilidad de participar de la compulsa. Son 10 incisos, pero el 8° es el que pegó de frente en la boca del dragón: “Toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”, dice el artículo. Para traducirlo sin más vueltas, se podría decir que las empresas de China, todas ellas con capital estatal en su conformación accionaria, estarían fuera de la licitación para explotar el dragado y el balizamiento del río Paraná por los próximos 30 años. Simple y contundente.

La decisión, de más está decirlo, tomó por sorpresa a los grupos chinos, enormes jugadores globales en el mercado del dragado de grandes superficies. También en el Gobierno saben perfectamente que estos dos renglones pueden ser el germen de un desacuerdo en la reciente y frágil relación bilateral que ha empezado a construir el gobierno del presidente Javier Milei con la administración oriental después de largas y pronunciadas agresiones durante su vida antes de la Casa Rosada.

La semana pasada, en un bar porteño, uno de los encargados de poner en marcha la privatización se confesaba ante LA NACION: “Sabemos que va a ser un proceso lleno de polémicas. Van a venir los grupos de dragado más importantes del mundo a la Argentina, y llegarán con sus propuestas, con su deseo de invertir, pero también con su poder de lobby y de presión”. Dicho y hecho: los dueños de los barcos que continuamente remueven el fondo para darle más profundidad a los ríos empezaron a desplegar sus armas. Y sus billeteras.

Los hombres que manejan el lobby chino, cuidando casi una pieza de porcelana milenaria para los funcionarios de Beijing, encendieron todas las alertas. De hecho, este tipo de cláusulas no suelen encontrarse en los pliegos. “Nunca vimos una cláusula así”, confesó uno de ellos. El caso podría tener un análogo conocido. YPF, la petrolera argentina en la que el Estado tiene el 51% de las acciones y que cotiza en mercados internacionales, es una empresa que encuadra perfectamente entre los impedidos para licitar. Sucede que es una sociedad controlada, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma, para ser textual con lo que está escrito en las condiciones generales de la licitación. Es decir, no podría competir en ningún lado si los países incluyeran esta cláusula.

Lejos de que termine ahí, la representación diplomática tomó el asunto. “La embajada [de China] es una organización para servir a cualquier empresa o ciudadano chino. Obviamente, tenemos derecho para reclamar trato desigual en la Argentina”, dijo un hombre que conoce de cerca la relación bilateral de origen asiático.

“Los pliegos son el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía, en la que se realizará una profundización a 39 pies –con una primera etapa de unificación de profundidades– en el tramo Timbúes-Océano. Se contemplan métodos dinámicos para establecer nuevas profundidades (más de 39), así como nuevas zonas de fondeo y sobrepaso, en cualquier momento del contrato, otorgándole dinamismo a una realidad en constante desarrollo y modernización”, dice el comunicado oficial que entregó el Gobierno cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció la decisión de la privatización.

En ese encuentro, además, adelantó que los pliegos contemplan una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. Ahora bien, ¿quién es uno de los principales compradores de todo el grano que sale por la Hidrovía? Pues adivinó el lector: China.

Lo que sigue, casi de manual, es saber qué pasará con las empresas compradoras de ese país que, paradójicamente, también tienen capitales estatales en sus entrañas. ¿Se mantendrán en la góndola o habrá represalias comerciales”. Por ahora, nadie se atreve a semejante especulación.

Cerca de la embajada están lejos de bajar los brazos. Mantienen la guardia alta y dicen que van a hacer un planteo para consagrar un principio de igualdad de sus empresas. Insisten, cómo no hacerlo, con el caso YPF: “La más china de las empresas argentinas”, la llaman.

En el Gobierno sostienen que no habrá cambios en las condiciones que molestaron al gigante asiático. Pero nada está cerrado. El pragmatismo es una constante de la administración Milei y ni que hablar de los hombres de Xi Jinping, el presidente de China. De hecho, por estos días hay una delegación argentina del otro lado del mundo. Trabajan en vender el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Beijing y Shanghai. Una paradoja para el final: la gran mayoría de los invitados a aquellas reuniones son representantes de empresas de China, todas de capital estatal.

DCabot

Por primera vez en la historia, el dólar superó la barrera de los seis reales en Brasil, generando preocupación en los mercados financieros. La divisa estadounidense alcanzó los 6,0004 reales al mediodía del jueves y cerró en 5,99 reales, según el Banco Central de Brasil. Este récord histórico se produjo en un contexto de incertidumbre sobre el desempeño fiscal del país y tras el anuncio de un paquete de medidas ecónomicas por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, presentó el miércoles un programa de ajustes fiscales con el objetivo de tranquilizar a los mercados y fortalecer las finanzas públicas. El plan promete un ahorro de 70.000 millones de reales (unos 12.000 millones de dólares) hasta 2026. “Estas medidas consolidan el compromiso del gobierno con la sostenibilidad fiscal del país”, aseguró Haddad, enfatizando la necesidad de un futuro “más fuerte, justo y equilibrado” para Brasil.

Sin embargo, las medidas no convencieron del todo a los inversores. La Bolsa de São Paulo registró una caída del 2,40 %, y los mercados expresaron su preocupación por algunas decisiones del Gobierno, como las exenciones fiscales para ciudadanos de ingresos medios. Según analistas, estas podrían dificultar el control del déficit público, que se aproxima al 10 % del PBI, y la deuda, que ronda el 80 % del producto interno bruto.

Por su parte, el jefe de gabinete, Rui Costa, acusó al mercado financiero de difundir “noticias falsas” para generar inestabilidad y obtener ganancias extraordinarias de la devaluación. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se incluyen ajustes en el techo salarial y beneficios para empleados públicos, además de la revisión de jubilaciones militares.