El Banco Central confirmó este jueves la intención de Javier Milei de desacelerar en 2025 la devaluación del peso, en línea con la inflación a la baja que marcó la macroeconomía este año, luego del salto abrupto en los primeros meses de la gestión libertaria. El organismo –insignia que el propio Presidente quiere “destruir”– no adelantó la posible fecha del levantamiento del cepo cambiario. Sí anticipó que el Gobierno buscará facilitar la llamada “libre competencia de monedas” y avisó que podría haber un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El pronóstico 2025 del BCRA se conoció a través del documento publicado.

El principal ítem que allí se desglosa tiene que ver con la “consolidación de la baja de la inflación”, meta a la que llegó el libertario a partir de un fuerte ajuste fiscal, tanto en la emisión de pesos como en el achicamiento del Estado. Por caso, la inflación de noviembre fue del 2,4%, el valor más bajo desde julio de 2020, luego de que en octubre fuera de 2,7%.

La caída de la inflación se acerca a la devaluación mensual del peso sobre el tipo de cambio oficial del 2% mensual –en la jerga económica, crawling peg–. Milei ya anunció que en caso de seguir disminuyendo, la depreciación podría pasar a ser del 1% mensual en el corto plazo. Recién luego de varios meses a ese ritmo, avisó, podría entonces levantar el cepo. 

Esa perspectiva quedó plasmada en el documento del Banco Central. “En lo referido al tipo de cambio, en la medida que la inflación continúe desacelerándose, se podrá ajustar el deslizamiento del tipo de cambio y, eventualmente, ir a un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio una vez que las expectativas de inflación se encuentren bien ancladas y que el superávit fiscal cumpla con plena potencia su rol de ancla fundamental de la economía”, se lee en el archivo oficial. “La consolidación del esquema macroeconómico permitirá seguir afirmando la baja del riesgo país, lo que posibilitará que el Tesoro Nacional vuelva a ganar acceso a los mercados internacionales de deuda para financiar el rollover de los vencimientos de capital, en caso de ser necesario y así lo decidiera”, agrega el texto. 

El BCRA intensificará entonces su estrategia de absorción de exceso de pesos: “Habiéndose cerrado las fuentes de expansión primaria de dinero fiscal y de intereses pagados por el BCRA y establecido un control a la evolución de los agregados monetarios por parte del BCRA, a medida que continúe fortaleciéndose la demanda de dinero se espera que la economía siga saliendo de la situación de exceso de liquidez en pesos”.

Pese al optimismo del documento, este mismo jueves algunas alarmas se encendieron en el Central. En el día de ayer debió vender 650 millones de dólares ,cifra que es la mayor en tiempo, para contener cierto interés por la moneda norteamericana –el blue cotizaba con subas en torno al 1%– en la previa al inicio de las vacaciones de verano y tras la reciente eliminación del impuesto PAIS. Los US$ 599 millones que vendió representan el saldo negativo más importante desde el 25 de octubre de 2019.

En ese marco de las reservas, el documento dice que en 2025 “se continuará avanzando en el saneamiento del balance del BCRA, recomponiendo las reservas internacionales netas”. Sobre el cepo plantea que “a medida que se cumplan ciertas condiciones, se podrá avanzar en la eliminación de los controles cambiarios y de capitales aún vigentes y, luego de un proceso de normalización ordenado, en la unificación definitiva del mercado de cambios”. 

Y sin dar detalles, expone: “Un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o un acuerdo con inversores privados podría permitir una solución definitiva más pronta para el problema heredado de los stocks del Banco Central”. La semana pasada el Gobierno inició formalmente las negociaciones con el FMI para un nuevo programa. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en las próximas semanas sería clave para darle oxígeno financiero a Milei.

En otro ítem, sin hablar de dolarización ni de “cerrar” el banco, el texto del Central plantea que sigue firme la intención de Milei de que el peso conviva con otras monedas de intercambio. “Se avanzará en seguir adecuando la normativa para posibilitar la realización de transacciones comerciales en cualquier moneda que elijan las partes de forma de facilitar la libre competencia de monedas”, dice el documento.

Y adelanta la extensión del uso del sistema QR para viajes de transporte público. “Los usuarios de las billeteras digitales interoperables inscriptas en el registro del BCRA que deseen ofrecer el servicio de pago en transporte iniciados con códigos QR podrán pagar exhibiendo en sus aplicaciones códigos QR en todos los servicios de transporte del país, independientemente de quien ofrezca o lea el código QR garantizando la interoperabilidad requerida en el decreto citado”, asegura el Banco Central.

Un vínculo de confianza de más de 25 años, la proposición de un negocio vinculado a la gastronomía y la licitación de un emblemático bar de la zona de La Florida son los componentes de este caso que terminó en una demanda civil y una denuncia penal por estafa.

Los denunciantes son un escribano y su esposa, quienes accedieron a la propuesta que le hizo una pareja amiga, con la que llevaban más de 25 años de vínculo y confianza. El ofrecimiento consistió, según el relato que asentaron en sede judicial, en constituir una sociedad para explotar un emprendimiento gastronómico —restaurant, bar, heladería— que fue licitado por el Estado municipal en la costa norte.

La propuesta de asociarse para este negocio llegó a mediados del 2019 y los futuros socios pusieron dinero y manos a la obra, según el relato de la demanda. Como la licitación estaba próxima a realizarse y como el hombre que trajo la idea había tenido experiencia con el rubro heladería -y aún no habían conformado la sociedad en las formalidades- la presentaron a nombre de esta persona.

La adjudicación llegó a nombre de esta última persona en enero del 2020 y desde entonces los cuatro aportaron dinero a la sociedad para llevar adelante las reformas necesarias, así como la compra de equipamiento incluido el mobiliario y todo lo que fue necesario para poner a punto el negocio. Para ello, el escribano tomó un crédito personal de un millón de pesos

En agosto de ese año lograron abrir la heladería y en octubre el bar, pero al mes siguiente el socio a nombre de quien figuraba la adjudicación, les negó el ingreso al local y los desconoció como socios, a la vez que se quedó con todos los aportes que hizo el matrimonio al proyecto, relataron.

Esta situación derivó en acciones judiciales tanto en el fuero civil y comercial, donde el matrimonio presentó una demanda en materia societaria para regularizar la sociedad de hecho que habían formado con los demandados, que en su momento no inscribieron a raíz de la confianza que los unía, argumentaron.

Allí el demandado dijo que la mujer del escribano era la encargada del local y no una socia, aunque esta versión no tuvo consistencia ante la Cámara Civil y Comercial, que en noviembre de 2023 le dio la razón a la actora y ordenó la regularización de la sociedad cincuenta y cincuenta por ciento.

En tanto, en el fuero penal la denuncia fue por estafa. Tanto quien figura como titular de la concesión como su esposa fueron imputados por este delito y, tras pedir el MPA la inhibición general de bienes de los denunciados, en noviembre pasado la Cámara Penal hizo lugar al pedido. Y este mes elevaron una nota al municipio donde contaron que, a raíz de la información que pudieron recabar, no se está cumpliendo con las obligaciones emergentes de la concesión del Estado local. El caso sigue en trámite, y tiene final abierto.

Cuatro nuevos amparos contra la reforma y emergencia previsional se conocieron durante la jornada de ayer en los tribunales rosarinos. Se trata de dos resoluciones del juez laboral Gustavo Burgio, y otras dos de su par Silvana Quagliatti que hicieron lugar al planteo de diferentes amparistas, entre ellos, jubilados docentes, estalales y judiciales, se indicó, en relación al descuento del "aporte solidario".

Los fallos se suman a otros del fuero local que fueron criticados semanas atrás por el secretario de Seguridad Social de la provincia -en otro capítulo en las tensiones entre el gobierno provincial y la Justicia santafesina-, por lo que la semana pasada el Colegio de Magistrados pidió que cesen las agresiones.

Las primeras dos resoluciones que se conocieron ayer corresponden a la jueza Quagliatti, quien ya se expidió en casos similares como el que hizo lugar al amparo presentado por 18 jueces jubilados –y cónyuges de magistrados fallecidos– contra la reforma en la normativa previsional, con efectos -aplicable a los amparistas- como la suspensión del aporte solidario y del tope de haberes impuesto en la nueva ley. En ese sentido, fue criticadas por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; quien recibió respuesta por parte del Colegio de Magistrados: "Nunca el camino son las agresiones y coacciones que ataquen la independencia judicial. Si un fallo no resulta del agrado de autoridades puede ser apelado", dijeron en su momento.

El tercer y cuarto fallo que se conocieron ayer corresponden al juzgado de Burgio, uno de los cuales fue patrocinado por los abogados Maximiliano Toricelli y Luis Ayuso; mientras que el cuarto -que condenó a la provincia y a la Caja de Jubilaciones que restituyan a una jubilada judicial el "aporte solidario" y no se lo descuenten-, fue representado por los abogados Gustavo Ferullo y Melina Marino.

Doble contribución

Toricelli indicó, respecto a las presentaciones que tienen su patrocinio, que son los fallos que hicieron lugar al planteo de jubilados "judiciales, docentes, empleados públicos". En ese sentido, expresó: "Tiene que ver con el tema del aporte de emergencia, por el descuento que se les hace, que varía entre el 2 y el 6% según el monto de lo que perciben. Al jubilado se le hace contribuir a la caja con la que contribuyó", sostuvo. Además, indicó que hay otras causas similares en trámite.

Además, el letrado señaló que "hay criterios favorables a los amparos presentados en Rosario, sean jubilados, docentes, empleados del API, de comunas..., que después mediáticamente se quiera disimular, decir que son privilegiados, cuando aportaron 35, 40 años algunos, cuando no tienen ningún régimen especial, es otra cosa".

Las resoluciones de ayer se suman a otras que hubo en las últimas semanas. Una de las que generó críticas de Boasso fue la resuelta por la jueza Patricia Otegui, que hizo lugar a una acción de amparo contra la reforma previsional, presentada por la excamarista Elena Ramón. Luego se sumaron casos del juez Fabián Vega, que aceptó un amparo  presentado por seis jubilados de la Administración Provincial de Impuestos (API); y otro de la Cámara de Apelaciones que hizo lugar en el caso de Claudio Genera, un pensionado viudo de una jueza, luego de un rechazo en primera instancia.