Siete días después de que el presidente Javier Milei lo designó como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, promovió bajo su propia órbita a su pareja, que ascendió a un cargo público preferencial, salteando rangos intermedios, y con una suba salarial de varios millones de pesos, según surge de disposiciones oficiales y fuentes del organismo que consultó LA NACION.

Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los 3,8 y 4,2 millones de pesos, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los 7 y 8 millones de pesos, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

La designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024. Vázquez la firmó el 1 de noviembre y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo-, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

Así, con su única firma, Vázquez ubicó a Fanelli al frente de Centro II, una de las Direcciones Regionales más importantes del área metropolitana. Quedó a cargo de fiscalizar a empresas medianas y grandes con domicilio tributario en el centro porteño y que por su facturación están a un paso de entrar en la órbita de Grandes Contribuyentes Nacionales.

Consultados de manera oficial por LA NACION, en tanto, desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) evitaron dar una respuesta. “No haremos comentarios sobre el titular de la DGI, Andrés Vázquez, ni sobre su mujer, María Eugenia Fanelli”, indicaron.

Vázquez superó una investigación penal por la titularidad de dos cuentas bancarias a su nombre con casi medio millón de dólares en los paraísos fiscales de Curazao y Luxemburgo que no había declarado ante la AFIP. Lo sobreseyó el juez federal Ariel Lijo, en 2022, por la cantidad de años transcurridos sin lograr que esos paraísos fiscales respondieran los exhortos judiciales para confirmar o desmentir la existencia de esas cuentas bancarias.

El carding es una estafa cibernética que consiste en utilizar ilegalmente los datos de tarjetas de crédito para realizar compras en línea o retirar dinero. Los delincuentes pueden obtener los datos de las tarjetas de varias maneras.

Tras una investigación de seis meses llevada adelante por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, se descubrió que el líder de la organización un hacker informático, llevó a cabo un sofisticado ataque contra el sistema de una empresa fintech y desvío más de 70 millones de pesos de cuentas válidas en transferencia masivas. 

El cerebro de la organización es un hacker con antecedentes por fraudes informáticos, a quien el Juzgado le impuso la prisión preventiva y la prohibición de tener contacto con dispositivos ante el peligro de seguir operando desde su lugar de encierro.

Posteriormente, se transfería los fondos a cuentas fraudulentas y se los convertía en criptoactivos para dificultar su rastreo.

Durante la pesquisa se reveló que la organización vulneraba el acceso al sistema mediante manipulación de credenciales, validación por SMS, escalando los privilegios, tomando el control de cuentas administrativas y modificando correos electrónicos de cuentas legítimas, quedando a disposición de los fondos para hacer las transferencias fraudulentas.

Para identificar a los ciberdelincuentes se utilizó el sistema Chainalisys lo que permitió identificar el flujo de dinero y detectar a los involucrados. Además se solicitó la cooperación internacional, coordinada a través de la oficina de enlace con Interpol, que permitió superar barreras jurisdiccionales en la obtención de información clave. 

Y se efectuó un minucioso levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre los imputados, lo que facilitó el análisis de movimientos financieros.

A partir de los resultados de la investigación, el fiscal Kessler solicitó que se congelaron cuentas bancarias asociadas a los detenidos, con un total de 50 cuentas identificadas. Al momento, no se tiene un monto preciso de los fondos congelados, pero se estima que podría tratarse de una cifra alta, pendiente de confirmación por parte de las empresas. 

El bloqueo de las cuentas bancarias se pudo realizar gracias a un convenio de colaboración entre el Ministerio Público Fiscal, firmado por el Fiscal General, Juan Bautista Mahiques con la Cámara Compensadora Electrónica S.A. (COELSA).

Los procedimientos fueron llevados adelante por oficiales de  División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen que garantizaron la preservación de evidencia crítica en el lugar. 

Durante los allanamientos, se efectuó la captura de la memoria volátil del equipo principal, que al momento del allanamiento estaba encendido y funcionando, con credenciales de usuarios hackeados. 

Además, se encontraron anotaciones con datos de tarjetas de crédito, incluyendo saldos y PIN, evidenciando prácticas comúnmente conocidas como ‘carding'. Durante los allanamientos se secuestraron diversos equipos informáticos, incluyendo 39 teléfonos celulares, 12 notebooks, 5 CPUs, 11 dispositivos USB, y dinero en efectivo en pesos y dólares.

El gobierno provincial firmará hoy, a las 12, el acta para el inicio de los trabajos de remodelación de avenida Ayacucho, enmarcados en Acuerdo Rosario, que permitirán  mejorar la conexión, ampliar la capacidad vehicular y sumar un carril de circulación norte-sur desde bulevar Seguí hasta Uriburu. La licitación de la obra supone una inversión que supera los $15.500 millones.

El llamado a licitación se firmó el 9 de agosto pasado y contempla un plazo de ejecución de un año (360 días). La firma del acta para el inicio a los trabajos se concretará en el exterior del Museo del Deporte, ubicado en Ayacucho 4.800.

Ayacucho es una de las principales arterias de la ciudad de Rosario. El tramo a remodelar abarca desde Lamadrid hasta bulevar Seguí. La concreción del proyecto permitirá mejorar la conexión, ampliar la capacidad vehicular y sumar un carril de circulación norte-sur hasta Uriburu. 

Las obras incluyen la reconstrucción de una calzada de hormigón de 15 metros de ancho, con doble sentido de circulación y todas las obras complementarias (desagües, arquitectura, semáforo, alumbrado, señalización y parquización).

Desde el punto de vista vial, las principales intervenciones a efectuar son la demolición de las actuales carpetas asfálticas sobre granito; la demolición y retiro de hechos existentes que interfieran con las obras proyectadas; la excavación de caja; la preparación de sub-rasante; la construcción de la base 70-100; la ejecución de calzada de hormigón; y la ejecución de transiciones asfálticas que sean requeridas.

De forma complementaria, se reubicarán altimétricamente las tapas de cámaras existentes y se relocalizarán las instalaciones de servicios públicos que resulten afectadas por la construcción de las calzadas. 

Asimismo, se perfilarán las veredas a los efectos de compatibilizar las rampas resultantes de la construcción del pavimento a cota inferior a la de las calzadas actuales, reponiendo los accesos vehiculares de hormigón preexistentes.

La obra hidráulica prevista consiste en la ejecución de sumideros y su conexión a bocas y/o cámaras existentes o a ejecutar, así como la ejecución de distintos conductos menores de vinculación de dichas captaciones con la infraestructura existente.

La obra de arquitectura prevista es la ejecución de rampas para accesibilidad de las personas con movilidad reducida en las esquinas. La demarcación horizontal y vertical contempla la implementación de una ciclovía en calzada.

Acuerdo Rosario es un plan de obras que el Gobierno de la Provincia ejecutará en la ciudad de manera regular hasta 2027. Se trata de 35 obras fundamentales para la ciudad de Rosario, algunas de ellas ya en ejecución y otras pronto a licitarse.