La corrupción en América Latina es un fenómeno creciente, generando mayor preocupación en entidades como los cuerpos de policía y la justicia penal. Sobre esta última, Transparencia Internacional (TI) define la corrupción judicial como “toda influencia inapropiada ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales sobre la imparcialidad del proceso judicial”.

En 2007, el Informe Global de la Corrupción de TI arrojó que países de la región como México, Perú y Venezuela se encontraban entre los 20 países en donde se empleaba de forma recurrente el soborno a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado “justo” en un tribunal. Para 2023, las Américas presentan un estancamiento en los altos índices de corrupción: en una escala del 0 al 100 siendo 0 muy corrupto y 100 sin ápice de corrupción, la región presenta, como media, 43 de 100. Así mismo, la región presenta índices bajos de capacidad de combatir la corrupción según el índice elaborado por Control Risks.

Una de las causas de estos incrementos de corrupción regional ha sido el aumento de la capacidad de cooptación de los grupos de crimen organizado. En las últimas décadas, la criminalidad se ha diversificado, especializado y globalizado. Bajo este contexto, como señala Gary Becker en su obra Economía del Crimen (1995), una persona es más propensa a cometer un delito si la utilidad esperada excede la utilidad que podría obtener usando su tiempo y recursos en otras actividades. Generando una distorsión de la capacidad disuasiva de la pena. Como lo resalta la teoría de criminología ambiental: en ausencia de controles y castigos, se reduce el riesgo para el infractor y se genera la oportunidad para la comisión del delito.

La concepción clásica del Estado de Derecho se basa en un sistema de pesos y contrapesos, en el cual todos los poderes públicos se controlan entre sí, para evitar el abuso de poder por parte de uno de ellos. La rama más débil del poder público es la rama judicial, no sólo porque depende del ejecutivo para hacer efectiva sus decisiones, sino porque carece de la legitimidad democrática que fundamenta tanto al poder ejecutivo como al poder judicial. En una democracia liberal, el poder soberano reside en el legislativo, como representante del pueblo, y, por ello, quienes conforman el poder judicial se deben someter al imperio de la ley. En esta concepción, los jueces se limitaban a ser la boca de la ley y a resolver las disputas con referencia única y exclusivamente al texto legal.

Sin embargo, desde el realismo jurídico norteamericano, y sobre todo desde los estudios críticos del derecho, se ha comprendido que la judicatura no se somete solamente a la ley, sino que los jueces y las juezas en sus decisiones reflejan sus actitudes políticas y sus concepciones del Estado. Esto no hace que su trabajo sea ilegítimo, sino que nos obliga a conocer la visión política de quienes integran la judicatura para poder predecir las decisiones y garantizar su racionalidad. En la medida en que el derecho es política, debe buscarse la mejor concepción de ella en la Constitución política y, por ello, jueces y juezas progresistas se han basado en los textos constitucionales para inaplicar leyes que consideran injustas y violatorias de los derechos fundamentales.