La Legislatura santafesina aprobó este jueves la creación de una comisión multisectorial para analizar qué camino adoptar para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones santafesina. El proyecto contaba con media sanción del Senado y sufrió modificaciones durante el tratamiento en Diputados, que minutos después se terminaron ratificando en la Cámara alta. Se espera que del debate en esa comisión surjan cambios en el régimen previsional en la provincia. Los gremios sostienen que no hay argumentos válidos para encarar una reforma y entienden que el Ejecutivo busca subir la edad jubilatoria y la alícuota del aporte. Por eso, este jueves por la mañana se manifestaron a la Legislatura expresando su rechazo a la iniciativa. La posición de los gremios no cae bien en el gobierno, donde aseguran que la idea es poner el tema en discusión entre todos los actores involucrados. “Los gremios tienen dificultades para leer y comprender texto, por eso yo los mando siempre a la escuela a los gremialistas”, criticó la vicegobernadora, Gisela Scaglia. “La comisión es una puesta en escena, porque ya saben los cambios que quieren hacer”, analizaron los gremios.

La conformación de la comisión se aprobó en Diputados con 37 votos a favor y tuvo el voto en contra de Carlos Del Frade, Fabián Oliver y Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía), así como también la abstención de Lucila De Ponti (Santa Fe sin Miedo), Alejandra Rodenas (Compromiso Justicialista), Miguel Rabbia (Construyendo Futuro), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Juan Domingo Argarañaz (Inspirar). El dictamen que se discutió en Diputados contaba con una serie de modificaciones a la iniciativa que tuvo media sanción en el Senado, el pasado 25 de abril. Tras su aprobación fue devuelto a la Cámara alta, que de inmediato dio sanción definitiva.

Las modificaciones no son menores. El proyecto original marcaba la necesidad de reformar el régimen previsional de la provincia, porque desde el gobierno entienden que no dan los números: solo en el primer cuatrimestre el déficit de la caja supera los 90 mil millones de pesos. Pero el nuevo texto corre el eje de la reforma para enfocarlo en el análisis de la situación actual y la elevación de un informe al Ejecutivo, antes de debatir modificaciones. Además, en el texto se garantiza que la Caja de Jubilaciones siga estando dentro de la órbita de la provincia y manteniendo “su carácter solidario”.

Los cambios se introdujeron luego de un arduo debato interno dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Es que en el Socialismo no cerraba la idea de una comisión que se ponga de acuerdo en un dictamen con reformas, que luego se convierta en un anteproyecto de ley. De hecho, el socialista Paco Garibaldi fue el único que no acompañó la votación en el Senado. En su discurso, el diputado Joaquín Blanco aclaró la situación. “Lo que estamos creando es una comisión para el análisis de la sostenibilidad del régimen previsional y el aporte que hace esta cámara es sustancial con respecto a la media sanción que vino del Senado”, expresó y agregó: “Con muy buen tino, esta Cámara lo que está sancionando hoy es que esa comisión construya un informe”.

Finalmente, comisión estará integrada por los presidentes de las Comisiones Constitucionales y Legislación General de ambas cámaras, además de seis senadores, ocho diputados, cuatro representantes del Poder Ejecutivo y cuatro representes de los gremios que aportan a la caja. Incluso, tras convertir el proyecto en ley, en Senadores eligieron rápidamente quienes participarán de la discusión: Alcides Calvo, Rubén Pirola, Hugo Rasetto, Esteban Motta, Oscar Dolzani y Joaquín Gramajo. La comisión tendrá 45 días para elevar su informe a la Casa Gris.

Los gremios

La situación que atraviesa el régimen previsional en la provincia hace prever un debate caliente. Los gremios ya habían manifestado su rechazo a la discusión cuando la conformación de la comisión era apenas un rumor. Y este jueves ratificaron su posición con una movilización en la Legislatura. Para los gremios, la comisión no deja de ser una “excusa” con la que el gobierno busca avanzar en dos puntos claves: una suba en la edad jubilatoria y el aumento de la alícuota del aporte, que hoy está en 14% del salario.

“No coincidimos con el análisis que se hace, de que es necesario reformar el sistema jubilatorio debido al déficit de la caja de jubilaciones. Nosotros creemos que es un déficit momentáneo por los fondos que el Estado nacional debe a la provincia de Santa Fe”, evaluó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, en diálogo con Rosario/12. “Por eso creemos que el gobierno no debe ajustar a los trabajadores, sino exigirle a Nación que cumpla con la ley y que transfiera los recursos que tiene que transferir”, añadió.

Además, el dirigente gremial recordó que el Estado santafesino también tiene responsabilidades sobre la Caja de Jubilaciones. “El Estado tiene que garantizar derechos no solamente a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo, sino también a la jubilación. Acá nos quieren poner en discusión eso con un supuesto déficit, que no deja de ser un 3,90% del presupuesto. ¿Está mal que la provincia ponga recursos para garantizar jubilaciones dignas? No, por eso creemos que el gobierno está tomando el camino nuevamente en contra de los trabajadores”.

También consultado por este medio, Diego Ainsuain, de Siprus, consideró que de las propias declaraciones de los funcionarios se desprende que el gobierno ya tiene en mente su propia reforma. “Me parece que la comisión va a ser una excusa. El oficialismo ya tiene bien claro los cambios que quiere proponer”, expresó y agregó: “Algunos funcionarios ya están hablando del aumento de los aportes de los activos y elevar el mínimo a 17%, lo que implicaría una rebaja salarial a salarios que ya han perdido 50 puntos contra la inflación”. 

Para el referente de los profesionales de la salud santafesinos, el otro punto en discusión es la edad jubilatoria: “Ellos plantean un aumento de la edad jubilatoria porque dicen que hay un incremento de la expectativa de vida. Pretenden que un trabajador que hace 30 años se desempeña en un centro de salud, lo siga haciendo con 67 o 68 años. Eso no solamente impacta en el propio trabajador, sino que implica otras situaciones en relación a la atención que puede brindar”.

En tanto, Lorena Almirón, de ATE Rosario, coincidió en que “no hay necesidad” de reformar la caja en este contexto. “De todos los puntos que se enumeran como posibles cambios ninguno es favorable para nosotros y por eso lo rechazamos desde un principio”, sostuvo. “Pero además, la comisión reserva cuatro lugares para los gremios que no sabemos quiénes son los representantes ni cómo se van a elegir. Lo que nosotros planteamos es que hay que exigirle al gobierno nacional que pague su deuda y que si hay faltante salga de otro lugar, no del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”, remarcó en diálogo con este diario.

Los mandó a estudiar

La postura de los gremios no cae bien en el gobierno, donde entienden que las modificaciones son necesarias para que los trabajadores sigan cobrando sus jubilaciones. Y ese enojo quedó de manifiesto en las declaraciones de la vicegobernadora, Gisela Scaglia, que salió con los tapones de punta a criticar la movilización de los gremios este jueves en la Legislatura. “Los gremios tienen dificultades para leer y comprender texto. Por eso yo los mando siempre a la escuela a los gremialistas, porque tienen un problema de entender de qué se trata. Esta es una comisión que va a evaluar, con ellos adentro, cuál es la mejor reforma que tiene que tenerla caja de jubilaciones”, cuestionó en rueda de prensa.

Asimismo, la funcionaria ratificó que “no hay un proyecto de reforma concreto”, sino una comisión que va a trabajar, con voces de distintos sectores, en soluciones para ese déficit. “Discutámoslo abiertamente. Es una discusión difícil, pero hay que darla”, evaluó. Y añadió: “Si yo fuera gremialista de la educación, estaría preocupado por cualquier docente que entre hoy al sistema y que dentro de 25 años no se va a poder jubilar. Eso es lo que tienen que transmitir, no el miedo y el pánico que están transmitiendo”.

El propio gobernador, Maximiliano Pullaro, también se pronunció este jueves sobre el tema y dijo que el déficit de la Caja de Jubilaciones en junio alcanzará los 40 mil millones de pesos, con el pago de los aguinaldos. “Es el equivalente a 40 kilómetros de ruta, son ocho escuelas que no vamos a construir en la provincia, son más de los 840 patrulleros que estamos comprando”, comparó. “Lamentablemente la Caja tuvo muchos desfasajes, porque es una ley sumamente vieja. Pero no significa que le vamos a sacar derechos a ningún trabajador; al contrario, estamos defendiendo los derechos de los futuros jubilados de la provincia de Santa Fe”, aseguró. 

El secretario de Gobierno Martín Papini salió al cruce del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, que este jueves estuvo en Funes recorriendo diversas obras que se ejecutan con fondos del gobierno provincial.

“Enrico vino a recorrer las obras que gestionó y ejecutó Roly Santacroce”, acusó Papini al ministro provincial. “Sería bueno que hubiera anunciado alguna obra nueva, aunque sea, pero evidentemente no trajo nada. Solo vino a pasear con Rimini por la ciudad y sacarse una foto”.

Papini definió la visita de Enrico como “oportunista” y confió que “dificulta cada vez más el trabajo conjunto” entre el gobierno provincial y el Municipio.

INFOFUNES

Cinco senadores presentaron una nota dirigida a la presidenta de la Cámara de Senadores declarando su firme apoyo a la autonomía tributaria de los municipios y comunas de la provincia, en respuesta a las recientes cartas documento enviadas por la “Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales de la República Argentina”. Estas cartas cuestionan la potestad de los gobiernos locales para cobrar la tasa de mantenimiento de caminos, una práctica que en algunos municipios como Puerto General San Martín ha estado en vigor durante 40 años.

El proyecto de declaración, firmado por los senadores provinciales Osvaldo Sosa, Alcides Calvo, Eduardo Rosconi, Armando Traferri y Rubén Pirola, subraya la necesidad de defender la autonomía que permite a los municipios y comunas establecer ordenanzas tributarias. Esta facultad está garantizada por la Constitución Nacional y Provincial, así como por leyes provinciales como la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 2756), la Ley Orgánica de Comunas (Nº 2439) y el Código Tributario Municipal (Nº 8173).

La región del departamento de San Lorenzo, a lo largo del río Paraná, alberga 20 puertos agroexportadores de donde sale aproximadamente el 80% de las exportaciones agropecuarias del país. Este tráfico pesado, particularmente intenso durante la cosecha, causa graves problemas en la infraestructura vial local, alterando la vida cotidiana de los residentes.

Los municipios y comunas han implementado una tasa para financiar el mantenimiento de caminos y otros servicios esenciales. Estos ingresos se utilizan para controlar y ordenar el tránsito pesado, realizar controles bromatológicos y fitosanitarios, mantener la infraestructura vial y ofrecer servicios de salud.

La reciente embestida de los acopiadores, que busca anular esta tasa bajo el pretexto de que grava la libre circulación de camiones, ha sido firmemente rechazada por estos senadores. Consideran que estas alegaciones muestran un desconocimiento del marco legal de la tributación municipal en Santa Fe.

La infraestructura vial en la región está en un estado crítico debido a la falta de inversión nacional. Las rutas nacionales y provinciales no fueron diseñadas para soportar el actual volumen de camiones y están en malas condiciones. Mientras tanto, los municipios y comunas, como Puerto General San Martín y San Lorenzo, han logrado notables mejoras en sus caminos gracias a la tasa de mantenimiento, eliminando el tráfico de camiones del centro urbano y desarrollando accesos adecuados.

Los senadores firmantes aseguran respaldamos enfáticamente a los mandatarios locales, creemos firmemente en la autonomía municipal, en la potestad legal que tienen de administración les Intendentes y pte comunales sobre los recursos generados por estas Tasas Viales
Los primeros Municipios en percibiría fueron Puerto Gral San Martin y San Lorenzo, cansados de recibir los problemas que traen los camiones y ninguna solución. A partir de su aplicación, en estas dos ciudades el desarrollo de los accesos ha sido notable.
Principalmente en Puerto Gral San Martín donde los caminos municipales son de mayor extensión, llegan a un total de 47 km. Se construyeron accesos, pavimentos, rotondas, iluminación, se eliminó la circulación de camiones del centro de la Ciudad, la evolución desde la aplicación de la tasa es total.

El apoyo del Senado refuerza la importancia de mantener la autonomía tributaria municipal, permitiendo a los gobiernos locales gestionar recursos esenciales para enfrentar los desafíos del tránsito pesado y promover el desarrollo de sus comunidades. Los senadores piden la aprobación del proyecto y el apoyo de sus colegas para seguir respaldando la autonomía y las iniciativas locales.

En conclusión, la Cámara de Senadores de Santa Fe reafirma su compromiso con la autonomía tributaria municipal y avala la aplicación de tasas para el mantenimiento de caminos y otros servicios necesarios, destacando la crucial labor de los municipios y comunas portuarias en la gestión de los impactos del tránsito pesado.