El dirigente del Polo Obrero será indagado junto a otras personas en la causa donde se investigan supuestas irregularidades en los comedores sociales

 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales. Asimismo, emplazó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a que informe sobre las 5.000 toneladas de alimentos que tiene sin repartir en las reparticiones de su cartera y que elabore un plan para entregarlos a los más necesitados de manera inmediata. 

 

El magistrado llamó a Belliboni para el próximo 25 de junio para que declare en el marco de la causa que investiga presuntos manejos irregulares en comedores escolares, denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei tras una auditoría propia sobre los recursos destinados a estos centros de asistencia. Belliboni, dirigente del Polo Obrero, ha estado en conflicto con el Gobierno libertario por el manejo de los planes sociales y las protestas callejeras, en especial a partir de la creación del protocolo antipiquetes por parte del Ministerio de Seguridad. 

 

Belliboni aseguró que se va a "presentar a derecho", y remarcó que "no hay en la causa hasta lo que conocemos ninguna mención a mi persona".

 

 

Pero además, el Gobierno quedó en el ojo de la tormenta tras la revelación periodística de que, en medio del recorte de fondos a comedores escolares, retuvo unas 5.000 toneladas de comida en sus depósitos. La información fue publicada por El Destape la semana pasada a partir de un pedido de acceso a la información pública. Por este motivo, el dirigente social Juan Grabois pidió una cautelar a Casanello y el juez le pidió información a Sandra Pettovello, a la vez que le ordenó que comience a repartir ese alimento entre los más necesitados.

 

Comedores escolares: las claves

En enero, Capital Humano no había ejecutado hasta el momento un solo peso del presupuesto destinado a financiar o comprar alimentos para los comedores comunitarios, en un contexto donde la inflación se había disparado (25% en diciembre, ese mes cerraría en 20%) y el país arrastraba una recesión desde el año anterior (el 2023 cerró con -1,6%).

Como en otras áreas del Estado, el Gobierno aseguró que realizó una auditoría sobre el manejo de los fondos. En mayo presentó una denuncia penal contra lo que llamó 1200 "comedores fantasma", que recibían recursos pero o no existían o no funcionaban como tales. 

Según Capital Humano, la investigación que hizo el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil) determinó que entre el 7 de febrero y el 26 de abril se relevó un total de 2646 espacios, de los cuales 1247 no pudieron ser validados como comedores o merenderos.

A partir de esa denuncia se realizaron allanamientos a domicilios particulares y se sumaron testimonios de personas a la línea 134, creada por la actual administración para denunciar extorsiones de dirigentes sociales o sindicales. Las mismas habrían aportado chats extorsivos de parte de personas en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, el Gobierno respondió a un pedido de acceso a la información pública en el cual reconoció que posee 5 millones de kilos (unas 5 mil toneladas) de alimentos sin repartir en dos galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy absorbido por la cartera que conduce Pettovello. La totalidad de los alimentos fueron adquiridos por la gestión anterior y entre el material que se encuentra hace 6 meses a la espera de ser repartido se encuentra aceite, arroz con carne, arvejas, lentejas, harina de trigo y maíz, huevo y leche en polvo, puré de tomate y yerba, entre otros productos.