El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona decidió dar marcha atrás con la decisión que había tomado hace 24 horas para que el código acusatorio comenzara a aplicarse desde el lunes próximo en la jurisdicción de Rosario. La noticia había generado un fuerte malestar en el mundo de los tribunales y una fuerte respuesta del Procurador General Interino Eduardo Casal, que advirtió que se necesitaban al menos tres meses para su implementación. Al ver la complejidad de los cambios, Cúneo resolvió diferir la puesta en marcha para el 6 de mayo, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

“Que luego de mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal, y de elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL. Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 27.150 y sus modificatorias”, sostuvo la resolución.

“Por ello, el ministro de Justicia resuelve diferir la operatividad práctica de la RESOL-2024-63-APN-MJ hasta las 00:00 horas del día el 6 de mayo de 2024″. Se ordenó así informar de la decisión a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Seguridad.

La nota fue firmada a las 14.58 de este viernes, cuando ya estaba en marcha la cuenta regresiva para llegar al lunes, a las 00, hora en que -según se resolvió el jueves- comenzaría a regir la reforma. “¿Contentos?”, preguntó Infobae a una alta fuente de la Procuración. “Solo tranquilos, para poder hacer las cosas bien”. Fue la escueta respuesta.

No pasó inadvertido que, entre los considerandos de la resolución que lleva la firma del ministro de Justicia, no se hiciera ninguna mención a la dura carta que envió en la tarde de ayer el procurador Casal, quien advirtió frente a “la responsabilidad institucional que exige su gobierno” que se necesitaba más tiempo, “aún con esquemas de contingencia” para llevar adelante las tareas que “eviten consecuencias nocivas para la gestión de los casos” y se “asegure la mayor eficacia del nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial”. Afuera de micrófono, los funcionarios judiciales calificaron de una “irresponsabilidad” haber hecho una resolución que emplazaba a arrancar con el cambio el lunes próximo.

La repentina decisión de Cúneo Libarona generó que el presidente de a Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, viajara de urgencia a Rosario donde estuvo reunido durante cinco horas con los integrantes de la Cámara Federal de Rosario, responsables de la jurisdicción. No se trata solo de los tribunales y fiscalías de Rosario, sino que ese área abarca también a la justicia de San Nicolas, provincia de Buenos Aires.

El gremio se puso de inmediato en alerta “contra la improvisación” por a “pretendida intención unilateral e inconsulta” de avanzar con este sistema a partir del lunes.

Y hoy se sumó a los cuestionamientos la Asociación de Fiscales y Funcionarios del ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN). Si bien se insistió en que “el diseño del sistema acusatorio implementado por el Código Procesal Penal Federal constituye una postura superadora respecto al sistema procesal que rige en gran parte del país”, los fiscales cuestionaron “el sorpresivo e innecesario emplazamiento” a ponerlo en vigencia desde la próxima semana sin los recursos necesarios.

“Siempre bregamos por una inmediata implementación del mecanismo, de manera progresiva, en todo el territorio del país”, se sostuvo en un comunicado de la entidad que preside Ricardo Toranzos, el fiscal general en Salta y Jujuy, las únicas jurisdicciones en donde hoy está vigente el sistema acusatorio. La entidad destacó hizo hincapié se necesita un margen de tiempo para adecuar “el desarrollo de una oralidad plena en el proceso penal”.

La entidad afirmó: “entendemos la situación de emergencia de seguridad en la ciudad de Rosario, lo que nos permite afirmar que el abordaje de la problemática necesariamente se debe hacer con instituciones fortalecidas, basadas en un trabajo planificado, que evite cualquier interpretación o sospecha de improvisación que pueda crear una mayor desconfianza comunitaria en la función jurisdiccional y poner en riesgo la regularidad de las actuaciones judiciales”.

Las palabras de la asociación de fiscales fueron en línea con el planteo del Procurador General interino Eduardo Casal, que envió una nota al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona advirtiendo que se necesitan al menos tres meses para poner en vigencia el cambio.

“Rosario está que arde. Está la decisión política. Si nos quedamos esperando, las cosas no salen”, había dicho anoche Cúneo Libarona en una entrevista con La Nación+ para responder a la carta de Casal. Sin embargo, esta tarde se conoció la resolución que dispuso aplazar la puesta en marcha de esta reforma para el 6 de mayo.